IN TENEBRIS, LIBERTAS
2026.10.19
Hoy salió en el Boletín Oficial una compra del estado que vos vas a pagar y que no vas a poder mirar.
Es el Decreto 1205/2026, firmado el viernes 16 de octubre por Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y publicado este lunes 19. Tiene tres artículos. El primero declara «SECRETO MILITAR», en los términos del Decreto 9390 de 1963, a «las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD». El segundo autoriza al Ministerio de Defensa a llevarlas adelante. El tercero es el de forma.
Los considerandos cuentan que el ministerio identificó «un proceso de adquisición de material y equipamiento» que solo deben conocer las personas autorizadas, porque su divulgación «podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación». Y aclaran el efecto práctico: los organismos que compren quedan «exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso».
Leí el decreto entero. No dice qué se compra, para qué fuerza, cuánto cuesta, a quién se le paga ni hasta cuándo dura el secreto. Lo único que identifica la compra es un número de expediente que vos no podés abrir.
En agosto, el Decreto 735/2026 declaró secreto militar la exportación, para mantenimiento y actualización, del material de un sistema de armas cuya compra tramitó la Fuerza Aérea. Ese mismo decreto recuerda que la compra original y sus agregados ya habían pasado por el mismo camino con los decretos 370, 807 y 1073, los tres de 2024. Según el texto, ese sistema empezó a volar el 30 de marzo de 2026 en el Área Material Río IV.
O sea que son por lo menos cinco decretos de secreto militar desde 2024, y los cuento solo con lo que dice el propio Boletín. Puede haber más.
Ponelo al lado de otra norma. Desde el 1 de noviembre, según ARCA, el monotributista social y el promovido tienen que emitir factura electrónica, y el talonario de papel queda solo para contingencias. Si no tenés punto de venta, ARCA te lo da de alta de oficio. ¿La razón oficial? La medida «busca aumentar la trazabilidad de las operaciones, transparentar las transacciones».
Al que vende pan casero con el monotributo social le piden que cada venta quede registrada. Al ministerio que gasta lo que pagamos nosotros le basta un decreto de tres artículos para que nadie sepa qué compró.
La Ley 27.275 permite reservar información clasificada «por razones de defensa». Nadie pide que se publique el detalle técnico de un equipo militar. Pero la misma ley, en su artículo 8, le pone un límite a esa reserva: «en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación». Y el artículo 32 pide publicar las contrataciones del estado con sus «montos y proveedores».
Cuánto se gasta y a quién se le paga no compromete ninguna trinchera. Es justamente lo que necesitás para saber si la defensa se compra bien o se compra caro.
No pedimos planos de armas. Pedimos lo mínimo para un gasto que sale de tu bolsillo: el monto total, el proveedor y una fecha en la que el secreto se termina. Si la seguridad nacional obliga a callar el qué, que no sirva para callar el cuánto.
Un gobierno que se presenta como enemigo del estado no debería conformarse con las zonas oscuras que heredó. Un decreto de 1963 que, una vez invocado, saca a una compra de la publicidad es el tipo de herramienta que el próximo gobierno, sea cual sea, va a agradecer encontrar intacta.
A los que firman estos decretos: ya sabemos a qué juegan. Te piden la factura de cada venta y se guardan la de sus compras. Rogamos que no les salga.