IN TENEBRIS, LIBERTAS
2026.10.23
Si vivís en México y pensás cambiar el celular, puede que termines pagando un 2% más, aunque no hayas copiado una sola canción en tu vida.
Según El País, el gobierno de Claudia Sheinbaum les pidió a importadores y vendedores de dispositivos electrónicos que se preparen para sumar una cuota de 2% a cualquier equipo capaz de reproducir o almacenar datos. Ayer, Expansión detalló la lista: pantallas, computadoras, celulares y hasta memorias USB. La impulsa la Secretaría de Cultura y la llaman «remuneración compensatoria por copia privada». Sus críticos la bautizaron «moche digital».
Todavía no es un hecho, pero el camino dice más que el porcentaje.
El País tuvo acceso al proyecto de decreto, que la secretaría hizo circular entre empresas como Amazon o Apple. Este es el párrafo central:
«La obligación de pago de la remuneración compensatoria corresponde a la persona que comercialice o importe los dispositivos tecnológicos (…) El cobro se efectuará por dispositivo, al primer acto de comercio o importación que tenga lugar en territorio nacional. La remuneración se pagará una sola vez por cada unidad».
El proyecto deja abierta la puerta para sumar más aparatos al catálogo. Crea una comisión de supervisión con la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), las sociedades de gestión colectiva y las cámaras de la industria. Y trae exenciones: los equipos que se exportan, los de uso industrial o profesional y las compras del sector público.
Fijate en la última: el estado que te impone el cobro se exceptúa a sí mismo.
Esto ya se intentó por la vía normal. En abril de 2021, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor con el mismo esquema llegó al pleno de Diputados. Según R3D, fue rechazada con 292 votos en contra, 87 a favor y 59 abstenciones, y además desechada. Expansión recuerda que la votó en contra también la bancada oficialista.
Ahora la idea vuelve por otra puerta. Mauricio Jalife, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, que participó de las reuniones, le explicó a El País que el cobro se haría con una reforma al reglamento, «sin necesidad de pasar por el Congreso», y que la decisión recaería directamente en el Ejecutivo. Antes hacía falta el voto de los diputados. Ahora alcanza con la revisión de la Consejería Jurídica, un análisis de costo y beneficio de Hacienda y la firma de la presidenta.
O sea que los representantes dijeron que no, y la respuesta es dejar de preguntarles.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ya lo había defendido en agosto. «No es ningún impuesto», le dijo a MiMorelia. Su argumento: el derecho de los autores está en la ley hace décadas y nunca se reglamentó. Jalife va por el mismo lado: no sería impuesto porque la plata no entra a las arcas públicas, sino que se reparte entre los titulares de derechos.
Un pago obligatorio, fijado por el gobierno, que cobra un tercero sobre cada aparato que comprás, y que va a parar a los titulares de derechos. Que no pase por la tesorería no lo hace más liviano. Lo hace menos controlable, porque ni siquiera entra al presupuesto que vota el Congreso.
¿Y quién lo paga al final? El propio Jalife lo dijo sin vueltas: «al final los costos se trasladan a los consumidores. Eso es un hecho». La obligación es del importador, el importador la pasa al precio y el precio lo pagás vos.
El gobierno se apoya en el artículo 40 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Dice que los titulares pueden exigir una remuneración compensatoria «por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151».
Ahora andá al 148. Ese artículo permite usar obras ya divulgadas «sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración» en una lista de casos. La fracción IV es justamente esta: la «reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro».
Esa es la copia privada. El artículo 40 excluye las copias amparadas por el 148, y el 148 dice, con todas las letras, que esta va sin remuneración. R3D lo planteó así en 2021: el artículo 40 habla de compensar copias que violan el derecho de autor, y la copia privada no es una violación. Si querés cobrar por ella, tenés que cambiar la ley. Un reglamento no puede decir lo contrario de la ley que reglamenta.
Al cobro no le importa qué hacés con el aparato, sino lo que podrías hacer. Curiel lo justificó así: «todos estos aparatos lo que hacen es que descargan y puedes descargar una obra literaria, puedes descargar muchas cosas y no se le ha dado un centavo a los creadores».
Con ese criterio, el que usa la computadora para facturar, el que tiene el celular para hablar con los clientes y el que guarda las fotos de sus hijos en un pendrive pagan igual que el que copia discos. Y el que ya paga una suscripción de música o de películas paga dos veces: una al servicio y otra al importador del teléfono.
Es una presunción de culpa con forma de arancel. No te acusan de nada. Te cobran por las dudas.
Jalife calcula unos 2.000 millones de pesos por año, cerca de 108 millones de dólares. Estimaciones de la industria que citó El Imparcial en agosto hablan de 700 a 750 millones de dólares. Cuando dos estimaciones difieren casi siete veces, conviene preguntar quién va a llevar la cuenta.
La respuesta del proyecto es una comisión donde se sientan el gobierno, las cámaras de la industria y las sociedades de gestión colectiva, que según el reglamento vigente pueden ser las que recaudan. En 2021, la diputada Martha Tagle lo dijo en el recinto, según R3D: «es un negocio para ciertas sociedades de gestión colectiva».
Nada de esto es exclusivo de México. El País cuenta que hay sistemas parecidos en por lo menos 51 países, entre ellos España e Italia. La técnica de este proyecto es conocida: otro nombre para el cobro, fuera del presupuesto y cargado sobre un intermediario, para que el que paga no vea la cuenta.
Si un gobierno quiere apoyar a los artistas con plata de todos, que lo proponga en el presupuesto y lo vote el Congreso. Si quiere cobrarte por copiar lo que ya pagaste, que cambie la ley en el Congreso, el mismo que en 2021 dijo que no. Lo que no puede es hacer por reglamento lo que no le aprobaron por ley y después decirte que no es un impuesto.
Lo podés llamar remuneración, cuota o compensación. Si el estado te obliga a pagarlo cada vez que comprás un celular, es un impuesto.