IN TENEBRIS, LIBERTAS
2026.10.05
Dinamarca es el ejemplo que siempre te ponen cuando se habla de Estado digital. Todo trámite pasa por un número, todo número vive en un registro central y todo funciona. Hasta hoy.
El lunes 5 de octubre, el gobierno danés reconoció que personas no autorizadas accedieron a nombres, direcciones y números de identidad de unas 8,8 millones de personas guardadas en el Registro Central de Personas, el CPR. Lo dice el comunicado oficial del Ministerio de Investigación, Educación y Digitalización, y lo levantaron Euronews con AFP y la prensa danesa.
Dinamarca tiene unos seis millones de habitantes. El registro tiene unos once millones de personas, porque guarda también a los muertos y a los que se fueron del país. El Estado no se olvida de nadie, ni siquiera de quien ya no está.
Nadie rompió una bóveda. Según el ministerio, los intrusos usaron el acceso legal que una empresa privada danesa tenía para consultar el CPR. El Estado le había dado esa llave y alguien la usó para sacar millones de registros.
De acuerdo con lo que la ministra Christina Egelund le dijo a la agencia Ritzau, el abuso duró unos diez días de septiembre. La administración del CPR recién notó la actividad rara el viernes 2 de octubre a la noche. La misma ministra admitió que las medidas de seguridad alrededor de ese tipo de acceso no fueron lo bastante sólidas. Ahora cortaron el acceso de la empresa, avisaron a la autoridad de protección de datos y la policía investiga.
Euronews cita a Egelund calificándolo de «un incidente extremadamente grave». ¿Y quién lo duda? Pero hay que preguntarse por qué existía algo tan grave para perder.
Siempre va a haber ladrones. Lo que no tiene por qué existir es un único lugar donde está todo junto: quién sos, dónde vivís y el número que te identifica ante el banco, el médico, el fisco y el empleador.
Cuando el Estado centraliza la identidad de un país, arma el blanco más rentable que puede encontrar un atacante. No hace falta hackear mil sistemas chicos, alcanza con uno. Y como el registro tiene que ser «útil», el Estado reparte accesos a organismos, contratistas y empresas habilitadas. Cada acceso es una puerta más, y la seguridad del conjunto depende de la puerta más débil.
Fijate en el detalle que pasó casi desapercibido. Según el comunicado, no se vieron afectados los datos de las personas que habían pedido protección de nombre y dirección. O sea, se salvaron los que salieron del sistema. La mejor protección fue que el dato no estuviera disponible.
Una contraseña robada se cambia en un minuto. Un número de identidad que te asignaron al nacer, no tanto. La ministra dijo que todavía es pronto para saber si habrá que darles números nuevos a los afectados. Mientras tanto, el propio ministerio les pide a los daneses que desconfíen de cualquier llamado o mail, aunque la persona del otro lado sepa su nombre, su dirección y su número. Eso es reconocer, por escrito, que esos tres datos ya no prueban nada.
Ese es el costo real de la identidad digital centralizada. No lo paga el funcionario que diseñó el sistema ni la empresa que perdió la llave. Lo pagan millones de personas que nunca eligieron estar ahí, porque estar en el registro no es opcional.
En Argentina no hace falta imaginarlo. En octubre de 2021 circularon en redes datos y fotos de DNI sacados del Renaper, incluido el de Lionel Messi. El propio organismo explicó después que las consultas se hicieron con un usuario autorizado de otra dependencia del Estado. Es el mismo mecanismo: una llave legal en manos equivocadas.
Cada vez que un gobierno, de cualquier color, propone unificar más datos en una «billetera digital», una app única o un legajo integrado «para tu comodidad», conviene acordarse de Dinamarca. El argumento siempre es la eficiencia. Lo que no te cuentan es quién más va a tener acceso, ni qué pasa el día que ese acceso se filtra.
Dinamarca no es un Estado fallido. Es uno de los más prolijos del mundo, y aun así perdió los datos de casi todo el país en diez días. Si eso le pasa al alumno modelo, ¿qué podés esperar del resto?