Contrato social o imposición estatal
Imagina que te obligan a firmar un contrato sin leerlo, sin poder negociar sus términos y sin garantía de que se cumpla. Para los libertarios, eso es exactamente el contrato social. Según esa doctrina, los ciudadanos ceden ciertos derechos al Estado a cambio de seguridad, justicia, salud, educación o jubilaciones. Pero en la práctica el pacto nunca es explícito, sus términos no son negociables y sus beneficios rara vez se cumplen. No es un contrato: es una imposición unilateral. Es el único acuerdo del mundo que viene firmado de antemano, por gente que ya murió, en nombre de otra que todavía no nació. Como dice Juan Ramón Rallo, los derechos fundamentales no pueden depender de una supuesta cesión forzada.
Tómese el caso de Juan, un remisero que trabajó toda su vida pagando sus impuestos. A los 65 descubre que su jubilación no alcanza ni para la canasta básica: la inflación, el mal manejo estatal y la falta de transparencia destruyeron el valor de sus aportes. No puede cambiar de sistema, no puede reclamar, no puede salir. Eso no es un pacto, es una trampa. Con la seguridad pasa algo parecido: hay zonas enteras desprotegidas donde los vecinos deben pagar vigilancia privada y, aun así, seguir financiando una policía que no cumple. En la justicia, un juicio de desalojo tarda años mientras el propietario sostiene con sus impuestos un sistema que ni siquiera lo atiende. La educación y la salud públicas muestran escuelas deterioradas, resultados pobres y, en muchos casos, adoctrinamiento; quien prefiere una opción privada paga dos veces, sin poder salir del esquema obligatorio aunque no lo use.
Bastos lo resume en un contraste observable. Los sectores abiertos a la competencia —alimentación, vestimenta, tecnología— mejoraron en calidad y bajaron de precio gracias a la innovación. Tu teléfono de hoy es más potente y barato que el de hace una década porque hubo competencia, innovación y elección. Tu jubilación, en cambio, sigue atada a un sistema obsoleto que no se adapta ni a la inflación ni a tus necesidades, porque es un monopolio estatal sin competencia. El Estado congela en el tiempo los servicios que controla, mientras la seguridad privada incorpora tecnología, las escuelas privadas adaptan sus métodos y las clínicas privadas ofrecen tratamientos nuevos.
La salida libertaria no es destruir el Estado por destruirlo, sino reemplazar sus funciones obligatorias por esquemas basados en elección, competencia y transparencia: fondos de retiro privados en lugar de una jubilación estatal única, vigilancia vecinal o empresas de seguridad, arbitraje y mediación privada en materia de justicia. El contrato social no es un pacto, es una imposición, y quizá sea hora de replantear cómo queremos organizar la sociedad. Como sostuvieron Rallo, Nozick, Rothbard y Bastos, la justicia no nace del mandato colectivo, sino del respeto al individuo.