El 10 de agosto de 2026, Infobae publicó un artículo que describe con claridad lo que está pasando: el RENAPER ya tiene lista una infraestructura de identidad digital que valida a una persona en tiempo real usando los datos del DNI y reconocimiento facial. El DNI digital dentro de Mi Argentina amplía ese control a más trámites. Argentina, además, se sumó a IdLAC, una red regional impulsada por el BID para que la identidad de un país sea reconocida en otros sin depender de empresas privadas.

Eso es lo que se está haciendo.

La justificación oficial es conocida: soberanía digital, no depender de plataformas extranjeras, tener la infraestructura propia. Suena bien. Pero hay que mirar con más atención qué se está construyendo realmente.

Lo que se critica no es que exista un documento digital. Lo que se critica es el monopolio. El Estado concentra la capacidad de decir quién es quién, y ahora lo hace con biometría facial en tiempo real. Una vez que ese sistema está en marcha, cualquier servicio —público o privado— que pida “validación de identidad” termina dependiendo del mismo centro de control. El ciudadano no acredita su identidad: el Estado la confirma o la niega.

Ese es el contraste principal.

Por un lado, el discurso de soberanía y modernización.

Por el otro, la consolidación de un punto único de poder sobre la identidad de las personas.

Ahora bien, ¿qué se puede hacer distinto?

Primero, la verificación de identidad no tiene por qué ser un monopolio estatal. Ya existen empresas privadas que hacen KYC para bancos y plataformas. Existen sistemas de identidad soberana (self-sovereign identity) basados en criptografía, donde la persona controla sus propios datos y solo revela lo necesario. La tecnología permite que la reputación y la verificación se organicen de forma descentralizada. El límite no es técnico: es legal. Mientras el Estado obligue a que solo su registro sea válido para determinados actos, la competencia queda bloqueada.

Segundo, incluso dentro del propio Estado se puede hacer algo más ágil. Ucrania tiene Diia, una aplicación y portal que concentra documentos digitales con la misma fuerza legal que el papel y permite hacer cientos de trámites desde el teléfono o la web: desde certificados hasta servicios complejos. Tiene más de 23 millones de usuarios. No elimina el poder del Estado, pero reduce fricción y tiempos de espera de manera notable. Muestra que la digitalización puede acelerar la vida del ciudadano en lugar de solo reforzar el control.

En Argentina, el camino actual apunta más al segundo objetivo que al primero: consolidar el control biométrico y la interoperabilidad regional bajo la bandera de la soberanía. La alternativa no es volver al papel. Es cuestionar el monopolio y abrir espacio a la verificación privada, a estándares abiertos y a sistemas que pongan el control en manos de las personas, no solo en las del Estado.

La infraestructura ya existe. La pregunta es para qué se usa y quién la controla.

Fuente: La carrera por el DNI del futuro: identidad digital y soberanía — Infobae (Opinión), 10 de agosto de 2026.